Minería informal afecta a 21 regiones de la costa, sierra y selva

09/03/2012

El viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam), advirtió que el problema de la minería ilegal está presente en 21 regiones de la costa, sierra y selva del país.


"Encontramos esta actividad en la zona de Carabayllo, en Lima. Tenemos enclaves mineros con fuerte componente de actividad ilegal en Puno, Madre de Dios, La Libertad, Piura, Chala, Nasca, Palpa. La situación está absolutamente descontrolada", refirió.

Indicó que los recientes decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo para erradicar la minería ilegal buscan atacar un tema de graves consecuencias económicas, que fluctúan entre los 250 millones y 500 millones de dólares en pérdidas anuales, vinculadas a los impuestos que no se cobran.

Así, también, en la valorización del daño que se causa a los recursos forestales, la tierra y el agua.

Quijandría Acosta expresó que este trabajo está orientado a romper determinados encadenamientos que existen entre el negocio de la minería ilegal y otras actividades económicas vinculadas con el lavado de activos y el narcotráfico.

El funcionario explicó que el Estado ha tomado la decisión de intervenir una actividad mediante la cual personas o empresas extraen un patrimonio de la Nación, cuando no tienen autorización para ello o no han efectuado los trámites necesarios para tener derecho al uso de ese patrimonio.

"Todo el que lo haga ejerce actividades de minería ilegal", aseveró.

Precisó que el enfoque de la acción de interdicción del Estado será contra aquellos que no tienen voluntad de formalización o que desaprovechan las oportunidades que el Estado ofrece, lo que implica asumir responsabilidades de gestión ambiental.

En relación con las acciones de apoyo a la población que dejaría esta actividad, el viceministro sostuvo que ese compromiso se halla presente en la discusión del Ejecutivo y en las medidas previstas.

Aseguró que no está reflejado todavía en los decretos legislativos porque éstos se orientan a atacar la cara delictiva de la minería ilegal, pero en paralelo –incluso antes de los decretos–, el Ministerio del Ambiente apoya a las regiones, por ejemplo, para destrabar proyectos de inversión pública que se encuentran en el SNIP.

"Se trata de iniciativas productivas, vinculadas a generar alternativas económicas para gente que deje la actividad minera", manifestó.

Quijandría afirmó que si bien hay posibilidades de formalización y de que ciertos mineros desarrollen la actividad legalmente, otro grupo no podrá hacerlo porque está en zonas intangibles, naturales, que se encuentran protegidas por el Estado.

Reveló que en la zona de amortiguamiento de la reserva  de Tambopata hay presencia reciente de actividad minera ilegal, por lo que será necesario buscar alternativas de empleo para aquellos que operan en esa zona.

El funcionario refirió que parte de la actividad minera ilegal en pequeña escala está asociada a la extracción del oro, pero que los precios actuales hacen que sea rentable la minería artesanal e ilegal de cobre, como ocurre en Chala.

Si bien lo que atrae la atención de la opinión pública es el daño ambiental que ocasiona la minería ilegal, por lo impresionante que resulta el desmontaje de bosques, existe un componente muy grande y negativo que es el impacto social que tiene, afirmó con preocupación Quijandría.

"Hablamos de zonas donde no hay legislación, normatividad, ni presencia de la Policía, entonces existen más posibilidades de prostitución de personas mayores o de menores, trabajo esclavo o en condiciones de seguridad no adecuadas. Estos males son permanentes en las zonas de minería ilegal".

En el caso del daño a la salud, el tema está vinculado con el manejo de sustancias que se emplean en el proceso de amalgama del oro como el cianuro y el mercurio, extremadamente tóxicos y que generan perjuicios a la salud acumulativos y de largo plazo.

"Estas sustancias no matan de golpe, pero degradan progresivamente la salud de las personas", enfatiza.

Con el decreto 1100 se define claramente lo que es minería ilegal, que es un concepto que abarca a todo aquel que haga uso indebido del patrimonio del Estado. El trabajo del Estado está orientado a reprimir a aquellos que no quieren entrar en el proceso de mejora de la gestión ambiental, de los temas sociales.


El Minam tiene firmados convenios de cooperación y de fortalecimiento de capacidades técnicas con ocho regiones para trabajar la agenda ambiental en general, incluyendo, en los casos que corresponda, el tema minero.

Madre de Dios y Puno, donde el componente de minería ilegal es complejo, están presentes.

Con estos convenios se quieren desarrollar actividades conjuntas que pasan por fortalecer la capacidad de formulación de propuestas, por ejemplo de parte de los gobiernos regionales para acceder a recursos públicos o de la cooperación internacional.

"El apoyo del Minam se orienta a señalar cuáles son los fondos disponibles y en qué forma habría que presentar una propuesta para acceder a una fuente de cooperación o a un fondo público, y no sólo a la asignación directa y habitual que viene del Ministerio de Economía. Hay varios instrumentos, como el Froniprel, que se están promoviendo.